Los oficios y comunicaciones judiciales que se verifiquen desde o hacia instituciones públicas nacionales que cuenten con los recursos técnicos necesarios serán remitidos a través de medios electrónicos, utilizándose los mecanismos de interoperabilidad existentes. En caso contrario, podrá ser remitida la información a través del medio idóneo más eficaz.

A su vez, las instituciones deberán otorgar pleno valor a los documentos suscritos con firma electrónica avanzada emanados del tribunal, no exigiendo documentos con firma manuscrita.